Freno a los violentos en Colombia

En el vecino país, entrará en vigor una ley que busca judicializar a quienes generan violencia en los estadios de fútbol

• El instrumento jurídico prevé penas hasta 10 años y la prohibición para entrar en los estadios
• La voluntad del Estado colombiano ha sido fundamental para combatir este flagelo

La violencia en los distintos estadios del balompié colombiano se ha disparado en los últimos años a niveles alarmantes. Es común ver enfrentamientos entre las distintas aficiones de los equipos, no sólo en las adyacencias de los escenarios deportivos, sino incluso en el cruce de carreteras, cuando se desplazan a seguir a sus clubes. De poco o nada han servido los mecanismos de persuasión que las autoridades del vecino país han implementado para palearlo.

El caso más sonado con el fútbol ocurrió en Medellín, poco después de la decepcionante participación de la selección de Colombia en el Mundial de Estados Unidos'94, cuando el defensa Andrés Escobar fue asesinado a la salida de un bar por un grupo de apostadores.

Los hechos de violencia han llegado a amenazas a jugador y entrenadores, que se han visto en la necesidad de salir del país o tomar medidas especiales para su seguridad. A su vez, el aficionado de familia con sus niños va desapareciendo de las tribunas en los estadios colombianos, y va dando paso a un nuevo hincha de zarcillos, piercing, tatuaje, torso desnudo y agrupado en barras. Junto a él, el escenario se inunda de droga, alcohol e impunidad. Según una encuesta a 1.000 personas elaborada en 2008 por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), 43% de las personas dejó ir al estadio por la violencia y 52% pediría menos hechos violentos en los escenarios.

Si bien en la historia, ha habido un solo muerto en los estadios por la violencia de los hinchas, (ocurrido en Bogotá en 2005) existen cifras preocupantes en calles de las ciudades y en carreteras. En el 2008, hubo 12 muertos en las calles y 175 heridos en vías y en estadios. Una cifra que se repite año tras año, sin que haya existido un remedio efectivo.

La semana pasada, la plenaria del Senado de Colombia aprobó un Proyecto de ley por medio del cual se decreta la democratización de los clubes deportivos y se impone sanciones a los aficionados violentos. El presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras y la senadora Dilian Francisca Toro fueron los propulsores de la ley, que sólo espera por la firma del mandatario para entrar en efecto. “Necesitamos una ley severa que castigue con cárcel a las personas implicadas. En Colombia ya hemos aplicado todos los factores de persuasión", dijo el presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Ramón Jesurum.

Cárcel a los violentos

Otro aspecto importante del citado proyecto de ley es que le pone freno a las barras bravas del fútbol, causantes de repetidos hechos de violencia en los estadios colombianos. La ley prevé que los implicados en hecho violentos purgarán penas de cárcel entre cinco y 10 años y los barrabravas no podrán ingresar a los estadios entre cinco y 10 años y serán multados, según la magnitud de la falta.

La FCF lleva dos años intensos trabajando la violencia desde varios aspectos. El primer es desde el punto de vista jurídico, con la colaboración en la elaboración de la ley que pronto entrará en vigor. La misma contempla obligar a quienes cometen faltas menores como lanzamiento de objetos - y que según el Código penal colombiano no generan cárcel - a que se presenten en sedes policiales mientras se desarrolla un partido de fútbol, tal y como sucede en Inglaterra. “De esta manera se trata de evitar que vayan a los estadios y puedan ser vigilados”, señala Gustavo Morelli, jefe de seguridad de la FCF. Según Morelli, los índices de violencia han bajado en el entorno de los escenarios deportivos gracias a los operativos que han desarrollado, a través del protocolo de seguridad 1717 que contempla todo un plan para preservar los espectáculos públicos. “El mismo establece una planeación para un buen control., que conlleve cuántos policías van a estar presentes, a qué hora se abren las puertas del estadio, y cuántos anillos de seguridad se van a establecer”. Señala que también el protocolo prevé la eliminación de la venta en taquilla de entradas el mismo día del partido y la no presencia de los vendedores ambulantes en las tribunas. Sin embargo, la violencia se ha esparcido a calles y vía públicas, que escapan de la jurisdicción de los organismos deportivos.

Morelli sostiene que el gran logro fue que el Gobierno, dirigentes del fútbol y la policía entendieran la dimensión del problema de la violencia, y estuvieran de la mano en la lucha. Manifiesta que la voluntad del Estado, así como de la dirigencia es fundamental para dar con la solución a este problema.

Aquí nada aún

Mientras en Colombia existe una preocupación y hacen lo que sea necesario para combatir la violencia en los estadios, en Venezuela parece no haber una conciencia sobre la real dimensión de este flagelo. No existe ninguna iniciativa del Estado, ni mucho menos de los dirigentes deportivos del fútbol, para poner en marcha un proyecto de ley para al menos, dar el prime paso para combatirlo. Los dueños de equipos no se atreven a denunciar a quienes generan violencia en los estadios y la normativa existente se incumple con normalidad. La Federación Venezolana de Fútbol prefiere hacer vista gorda del tema y evade las responsabilidades que tiene como organismo que organiza la actividad.

Los acabatrapos

Ojala y el fútbol venezolano fuera siempre generador de buenas noticias y que éstas, superasen a las malas. Pero la realidad no da ni siquiera para un ejercicio mental y pensar que la actividad pueda mostrar un rostro más noble. La suspensión del encuentro del pasado domingo entre Caroní FC y Deportivo Petare fue un salto atrás, un deja vú que se remonta a aquellos momentos que se creían superados en esta actividad. Pero no, el balompié de este país supera cualquier esfuerzo para el peor de los escenarios.

Que un presidente de un club se confiese que desconocía el requerimiento de mínimo 25 policías para dar inicio a un partido, lo define todo. Ahí radica el problema. Que quienes están en esto llamado fútbol, ignoran en qué consiste este negocio. No tienen idea de cómo funciona, pero tampoco quienes lo saben, no ayudan en lo más mínimo a aquellos que van pagando la novatada. De la gente del Caroní, que ha tenido cuatro presidentes en esta temporada, que está inmerso en deudas, que ha cambiado de sede, y que luego vuelve a mudarse, ya nada extraña. El equipo fluvial es la síntesis de lo desastroso que puede llegar a ser un equipo en Venezuela.

Y todo esto bajo los ojos complacientes de una Federación Venezolana de Fútbol que sigue demostrando poco interés en su propia labor. No les interesa quienes llegan a la actividad, ni mucho menos, en brindarles una mano a aquellos que necesitan ayuda o asesoría en sus comienzos. No les interese si quienes llegan, tienen un aval económico, capaz de cumplir con todas las obligaciones que genera tener un equipo en la primera división. No le interesa que el fútbol se desenvuelva con al menos, relativa normalidad. No les interesa si a los futbolistas se les debe dinero y su despacho se llene de expedientes abiertos, buena parte de ellos sin resolver. No les interesa que se juegue en verdaderos potreros, como el que se acaba de descubrir en lo que antes era un decente Brígido Iriarte.

No les interesa exigir a las autoridades del país, que lo ayuden a controlar la violencia que peligrosamente se ha incrementado en los estadios. No les interesa velar que los clubes cumplan cabalmente con el reglamento que ellos mismos han elaborado. No les interesa tener una política de comercialización cónsona para convertir la actividad en un verdadero espectáculo. No les interesa acabar un centro de alto rendimiento que lleva 10 años ejecutándose. No les interesa tener un departamento de prensa digno, con todos los requerimientos para quien está allí, pueda llevar a cabo su trabajo de una manera impecable. Pero eso sí, en este aspecto exige a los clubes cumplir cabalmente, so pena de multas.

Lo único que les interesa son unos trapos o pancartas que los aficionados en todo el país colocan en los estadios. Unos trapos que piden y reclaman como en cualquier país del mundo democrático. Una pancarta expresa una opinión, que uno pudiera o no compartir. Es todo. En la FVF vuelven a mostrar el lado más intolerante y hasta fascista, amenazando, con multar y suspender partidos, si no las remueven. Para eso si son buenos y diligentes. No para nada más. Eso no habla bien de quien está al frente de la FVF. No expresa un sentido democrático. Por el contrario demuestra una flaqueza inusitada. Si tanto le molesta una pancarta alusiva a su persona, ¿por qué sigue al frente del organismo? Que no olvide que ser presidente de una institución como ésta, significa asumir el rol que representa ser una figura pública. Y por consiguiente, debe mostrar entereza, capacidad para aguantar la crítica. La reacción no ha podido ser más torpe. La sanción al Caracas FC con 20 mil dólares por parte de la Conmebol y las continuas acciones en el torneo local, han provocado un efecto dominó en todos los estadios, donde antes ni se sospechaba que ocurriría algo similar. Ahora se ven más pancartas y ahora la crítica ha arreciado desde todos los flancos. Si en la FVF no tienen el cuero duro para soportar unos trapos, quizás es mejor que se dediquen a otra cosa.